Por unanimidad la Legislatura porteña aprobó una ley antidiscriminación para la ciudad de Buenos Aires basada en los proyectos de los Diputados Gabriela Seijo y Enzo Pagani (PRO) y en el de los Diputados María Rachid (FpV) y Daniel Lipoveztky (PRO).
El objetivo de la ley es garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas, prevenir la discriminación en todas sus formas, sancionar y reparar los actos discriminatorios.
Con el propósito de que la ciudad de Buenos Aires cuente con una legislación propia en materia de actos discriminatorios, que tome en cuenta la experiencia adquirida desde la sanción de la Ley Nacional N° 23.592, y que sea una norma actualizada y apta para enfrentar los cambios sociales, políticos y culturales.
Se incluyen pretextos como la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la situación familiar o condición socioeconómica, entre muchos otros. Además, establece mecanismos procesales para invertir la carga de la prueba en algunos casos y agilizar el reclamo por daños para quienes son víctimas de hechos discriminatorios. También genera herramientas para la intervención del Estado y las organizaciones sociales y establece mecanismos concretos para que la sociedad conozca sus derechos y cómo defenderlos.
La ley tiene 22 artículos y cuatro títulos: el primero dedicado a Disposiciones generales -con un capítulo único sobre el objeto-; el segundo, Medidas de protección contra la discriminación -capítulo 1 - Acciones judiciales y/o administrativas, capítulo 2 - Procedimiento y capítulo 3 - Sentencia; el tercer título se refiere a Disposiciones finales -capítulo 1 - Prevención de actos discriminatorios y capítulo 2 - Difusión; y el cuarto título, posee un capítulo único vinculado a la autoridad de aplicación que será la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Al respecto la diputada Gabriela Seijo, señaló que "Todos hemos conocido, presenciado o escuchado un episodio discriminatorio, una frase, un cántico en una cancha, un insulto o simplemente un comentario desafortunado. Si estas experiencias se minimizan o quedan en la nada, somos parte de un silencio cómplice."
Las disposiciones de la presente ley son de orden público, es decir, que no pueden ser dejadas de lado o sin efecto por voluntad de los ciudadanos. El Estado en todos sus niveles y poderes arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas de prevención y acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos. "La discriminación, la intolerancia y el miedo provocan un estancamiento en las comunidades; pero la diversidad y el intercambio de ideas siempre son motores del crecimiento y el desarrollo. Buenos Aires no puede ser ajena a esa realidad", agregó Seijo.
Por su parte, Rachid expresó: "Esta ley sobre actos discriminatorios para la Ciudad tiene el fin de promover la garantía constitucional de la igualdad desde la perspectiva de la diversidad y de trabajar de una manera más efectiva contra la discriminación. Creemos que la sanción de este proyecto otorga a la Ciudad una ley de avanzada en la materia que la pone a la vanguardia a nivel mundial".
Y añadió: "Estamos felices por haber transformado en ley nuestro proyecto que venimos trabajando desde hace tanto tiempo con organizaciones de la sociedad civil que militan los distintos grupos vulnerados por la discriminación" ellos los de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
En tanto Lipovetzky afirmó: "Quienes trabajamos en el ámbito de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que los mismos no son un 'relato', ni una cuestión susceptible de manipulación política. Por el contrario, deben conformar una política de Estado seria, en cuya elaboración deben participar todas las fuerzas políticas. Por ello, motivados por este espíritu, junto a la diputada María Rachid del FpV, y luego con los consensos de los legisladores del PRO Enzo Pagani y Gabriela Seijo, trabajamos en un proyecto de Ley Contra la Discriminación que tiende a establecer mecanismos idóneos para la lucha contra los diversos modos de discriminación que viven nuestros ciudadanos".
Además, se refirió al trabajo conjunto con la oposición: "Creo que el consenso es una de las tareas más importantes que debemos llevar a cabo desde el Poder Legislativo. Los diputados tenemos la obligación de debatir las iniciativas con la finalidad de aportar a los ciudadanos las mejores herramientas legislativas para soluciones cuestiones y problemas que se plantean diariamente".