Para evitar un juicio millonario el Gobierno de la Ciudad clausura y privatiza tierras del Hospital Israelita. La Legislatura porteña ya aprobó suspender la utilidad pública del terreno donde funcionó el histórico centro de salud.

La Legislatura porteña aprobó, en su última sesión, la primera lectura de un proyecto de ley elaborado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para desafectar de utilidad pública el inmueble del Hospital Israelita, una cooperativa de salud y geriátrico que funciona sobre la avenida Nazca 1145, en el barrio de Villa Santa Rita, en la Comuna 11.
El argumento oficial es que se toma esta medida para evitar un juicio de U$S19 millones de los síndicos de la quiebra contra el Estado porteño y la cooperativa. Vecinos, pacientes y médicos estuvieron presentes en las gradas y protestaron durante el tratamiento parlamentario. Habrá a futuro una audiencia pública y una segunda votación en la Legislatura.
Esta acción es consonante con la clausura dispuesta por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que también ordenó el traslado de los pacientes, muchos de ellos del PAMI. El centro de salud “no cuenta con la correspondiente habilitación y presenta serias irregularidades que significaban un riesgo tanto para los pacientes como para los trabajadores de la institución”, dijo la entidad en un comunicado.
El 29 de marzo pasado, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno porteño (AGC) realizó una primera clausura que fue incumplida, por lo que el cierre tomó forma definitiva tras la decisión del fiscal a cargo del caso Néstor Maragliano. En marzo se detectó la presencia de 150 pacientes. Buena parte aceptó la derivación, otros tantos pidieron permanecer.
El hospital fue fundado por la Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos hace más de un siglo. En la década del 90 la estructura financiera del nosocomio se vio perjudicada y quebró en 2003. Al año reabrió como la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada, administrada por sus trabajadores. Con leyes de 2005 y 2008 el Gobierno de la Ciudad declaró “de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria” el lote ubicado en Nazca y Gaona.
La institución funciona como sanatorio, geriátrico y escuela de enfermería con más de 300 alumnos. Presta servicio a los vecinos de los barrios de Villa Santa Rita, Villa General Mitre y Flores.
Sin embargo, hay vigente una denuncia judicial de los síndicos de la quiebra, Juan Dzierza y Alberto Antonio De Amaral, contra el Gobierno porteño y la cooperativa, lleva la firma de Martín Ocampo, entonces fiscal general porteño. El saliente legislador Alejandro García (PRO), miembro informante del proyecto el día de la sesión, dijo que, “si hay un fallo contra la Ciudad, la administración porteña deberá pagar más de U$S19.000.000 a los denunciantes. Más allá de eso, hay que decir que el contrato de PAMI fue rescindido y que no hay autorización para funcionar como centro de salud”, añadió.
En los fundamentos del proyecto de Rodríguez Larreta dice: “No existe ningún beneficio para la comunidad, ni para los habitantes de la Ciudad que pueda sostener la utilidad pública que supone la afectación del predio y los bienes a favor de la Cooperativa. Corresponde señalar que mediante los artículos 4° de las leyes 1.911 y 2.971, se estableció que el inmueble, los bienes intangibles y los bienes muebles debían ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Limitada. Cabe destacar que, en la actualidad, dicha Cooperativa no se encuentra habilitada para funcionar como prestadora de servicios de salud, ni ante los organismos competentes de Nación, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En el recinto, el legislador Marcelo Depierro (Mejor Ciudad) explicó su voto negativo: “La Ciudad debería haber puesto en regla la documentación del hospital”. También sugirió que las tierras del centro de salud pueden terminar en un emprendimiento inmobiliario: “Un inmueble con una quiebra o con un destino de utilidad pública tiene un valor, si le quitás la utilidad pública tiene otro. Se puede vender media manzana en Av. Nazca y Av. Gaona. Esto hubiera merecido un tratamiento distinto. Que nos diera la posibilidad de colaborar para que la cooperativa subsane la situación”.
Los trabajadores del Israelita realizaron una protesta ante el inminente cierre cortando la avenida Gaona y se pusieron en contacto con legisladores para demostrar que la medida es arbitraria y que detrás de todo esto existen negocios inmobiliarios que el Gobierno porteño quiere realizar con las tierras del predio.
Eleonora Berton, presidenta de la cooperativa y jefa de quirófano, dijo al periódico El Adán de Buenos Ayres que “Somos setenta familias las que administramos el hospital y el servicio de salud hace 13 años. Estamos ante la instancia de un fiscal que quiere cerrar el hospital porque no contamos con las medidas de seguridad ni con plan de evacuación, pero nunca se hizo presente para evaluar esto que afirma, hace 3 años que estamos con auditorías que nos vienen a inspeccionar y siempre estuvimos en regla. Le pedimos que venga a evaluar la situación, pero no vino y ordenó cerrar el lugar”.
El abogado y apoderado de la cooperativa, Luis Alberto Caro, explicó a El Adán de Buenos Ayres que “el fiscal no tiene facultades para realizar esta maniobra, lo tiene que pedir el juez en el Juzgado Nº 18, es una actitud arbitraria, apresurada, con una presunción de culpabilidad enorme contra la cooperativa que cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades para funcionar”.
“La mayoría de los abuelos no quisieron retirarse ya que reciben una muy buena atención. Vemos que detrás de la acción del fiscal está el mismo Gobierno de la Ciudad actuando como mafia junto al fiscal y el PAMI. Nosotros vamos a tratar de impedir que avance la ley en la Legislatura”, concluye Caro.
El Hospital Israelita cuenta con consultorios externos con todas las especialidades, abiertos al público y con aranceles muy accesibles.