En Parque Chas

El martes 28 de abril el Gobierno de la Ciudad desalojó un inmueble ubicado en Barzana 1236, en el barrio de Parque Chas, donde había familias y menores de edad que vivían allí hace 15 años. La administración porteña argumenta que en el lugar había un taller clandestino y que el terreno tenía peligro de derrumbe.

El operativo se dio durante la mañana con la orden de la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, la Policía de la Ciudad fue al lugar para proceder con el desalojo. El comienzo del operativo, que derivó en un corte en calle Barzana y el despliegue de vallas y camiones de gran porte, tuvo episodios de tensión.

Allí había 17 menores de edad, por lo que intervino el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Testigos aseguraron que se ejerció violencia contra los menores y que se les impidió concurrir a la escuela a la que asisten a clases, cercenando su derecho a la educación. Tras el desalojo, el lugar quedó desmantelado.

Legisladores porteños de la oposición presentaron en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre el desalojo realizado el pasado 28 de abril en el inmueble de la calle Barzana 1236. La iniciativa, impulsada por la diputada Claudia Neira, pone el foco en irregularidades en el procedimiento, la falta de información oficial, los tiempos de ejecución, las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes que se encontraban allí, las medidas adoptadas tras el procedimiento y el supuesto trabajo infantil desmentido por docentes.

El texto también exige precisiones sobre la intervención de distintos organismos, como la Agencia Gubernamental de Control, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, se busca conocer si existieron relevamientos previos sobre las familias que habitaban el inmueble, la cantidad de personas afectadas y las medidas adoptadas durante y después del desalojo.

En particular, el pedido de informes pone énfasis en la situación de los menores de edad. De acuerdo con un comunicado de docentes y de la cooperadora de la Escuela N°22 del Distrito Escolar 14 “Agronomía”, situada en Av. De los Constituyentes 3100, a la que asisten los menores involucrados, en el inmueble no funcionaba un taller clandestino en los términos señalados por el Ejecutivo. Según esa fuente, las máquinas de coser pertenecerían a una madre que realiza trabajos de confección y ha colaborado con la comunidad educativa.

Los legisladores también solicitan datos sobre eventuales procesos judiciales iniciados, detenciones, decomisos de maquinaria y protocolos de actuación aplicados durante el operativo. El proyecto remarca que, en casos donde podrían estar comprometidos derechos fundamentales —como la integridad, la educación o las condiciones de vida de menores de edad—, el Estado debe garantizar intervenciones adecuadas, coordinadas y transparentes.

El comunicado de las y los docentes de la escuela Agronomía dice que “Manifestamos nuestro repudio frente al desalojo ilegal y violento sufrido por familias de nuestros estudiantes. Nos vemos en la necesidad de desmentir las publicaciones realizadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, en la que justifica este atropello hacia la vida de las personas, a través de una falsa denuncia de explotación infantil, acusando que en esa vivienda funcionaría un taller textil clandestino”.

“Nosotros, los docentes, conocemos a nuestros estudiantes y sus familias, y sabemos que todo lo que dice el Jefe de Gobierno es mentira. Sabemos que son familias trabajadoras, que se esfuerzan cada día por salir adelante y sostener la escolaridad de sus hijos, nuestros estudiantes, quienes concurren regularmente a clase, situación que fue interrumpida por el accionar ilegal y violento del Gobierno de la Ciudad”, agregaron.

“La versión que está haciendo circular el Gobierno de la Ciudad de que en el lugar funcionaba un taller clandestino se basa en que una de las familias tenía máquinas de coser, lo que no es más que su herramienta laboral. Se trata de una mujer que se gana la vida (como tantas otras) haciendo arreglos y confeccionando prendas. Lo sabemos porque como docentes de la escuela conocemos su trabajo; de hecho, fue ella con sus máquinas quien confeccionó guardapolvos, telones para actos y hasta colchonetas de educación física, con la única intención de ayudar a la escuela a la que concurren sus hijos y los hijos de sus vecinos. Lo que también desmiente la versión oficial, es el hecho de que, al finalizar el desalojo, las máquinas le fueron entregadas a la mujer, lo cual es incongruente si de verdad se tratara de un taller clandestino”, detallaron.

“La educación y el aprendizaje necesitan de condiciones socio habitacionales de dignidad, que este tipo de atropellos no hacen más que obstaculizarlos”, finaliza el comunicado de los docentes.

Una vecina que estuvo presente en el desalojo indicó que “El desalojo fue de una casa cuyo propietario murió, pero las familias han pagado alquiler y servicios durante veinte años. La acción se realizó sin orden judicial, bajo el supuesto riesgo de derrumbe. La presencia de las maestras y de los padres de los compañeros de escuela es la mayor prueba de que no se obligaba a trabajar a los menores”.

Viviendas de la plaza Malaver de Villa Ortúzar

Vecinas y vecinos se movilizan en la Plaza Malaver ante la amenaza de desalojos y el avance inmobiliario. El colectivo El Galpón de Ortúzar convoca a una jornada de visibilización frente a la política de restitución de inmuebles del Gobierno porteño y el impacto del Código Urbanístico en la identidad barrial.

El encuentro, que se realizó el sábado 16 en la intersección de Estomba y Girardot, surge como respuesta organizada del colectivo El Galpón de Ortúzar y distintas organizaciones barriales frente a la inminente posibilidad de desalojos que afectan a familias con décadas de residencia en el barrio. La iniciativa busca defender el derecho a la vivienda y proteger la memoria histórica de un barrio que ve amenazada su fisonomía por el avance de proyectos inmobiliarios.

Beto, es un vecino de 68 años, que nació y ha vivido toda su vida en la misma propiedad que hoy se encuentra en disputa. Para los organizadores, la defensa de estos residentes es sinónimo de salvaguardar la identidad y el futuro de la comunidad frente a lo que consideran una política de desplazamiento. En este contexto, se ha iniciado una campaña de recolección de firmas para respaldar a los afectados y visibilizar una problemática que, según denuncian, prioriza los negocios de construcción sobre las necesidades de los habitantes históricos.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la fecha precisa de ejecución de los desalojos ni detalles técnicos sobre los procedimientos judiciales en curso.

Macri subrayó: “En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. La época de la resignación y la tibieza se terminó”. Y añadió que el gobierno porteño mantiene una postura firme para hacer cumplir la ley y evitar que la Ciudad “se transforme en el conurbano”.

“Durante muchos años nos quisieron hacer creer que el desorden era normal. Que usurpar propiedades no tenía consecuencias. Que cortar calles, ocupar veredas o apropiarse del espacio público era aceptable”. Remarca el Jefe de Gobierno