El Gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín Oficial la Disposición 145/DGCoyP/26, mediante la cual llama a licitación pública para otorgar permisos de uso precario destinados a la construcción y operación de locales gastronómicos en 16 de los principales parques y plazas. Entre los espacios incluidos figuran el Parque Tres de Febrero en Palermo, el Parque Chacabuco y La Isla de La Paternal.

El canon base mensual varía según el predio. El más alto corresponde al Parque Mujeres Argentinas, ubicado en Puerto Madero, donde se fijó en 1.500 dólares, en tanto, el Parque Indoamericano en Villa Soldati, tiene uno de los cánones base más bajos del conjunto.

La norma establece que el uso propuesto para los "Núcleos de Servicios" será el de alimentos y bebidas envasadas, y deberá contemplar distintos elementos obligatorios como que los locales no pueden superar los 200 metros cuadrados, espacio para elaboración de alimentos, sector de sillas cubierto y descubierto, y bicicleteros. Además, están obligados a contar con baños de uso público y gratuito.

La ley prohíbe la construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas leña o carbón y admite la venta de sándwiches, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas.

El pliego establece que el canon comienza a devengarse después de que el grupo privado adjudicatario amortice la inversión de la obra. Esto implica un riesgo para el Estado: si el proyecto es poco rentable, el canon puede quedar postergado, convirtiéndose en una transferencia de valor público hacia el privado bajo la excusa de la puesta en valor.

La licitación se apoya en la Ley 4950, aprobada en 2014 en medio de una enorme controversia, que habilita la instalación de cafés en plazas y parques siempre que tengan más de 50 mil metros cuadrados de superficie. Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico, desarrolló esa norma para avanzar con la iniciativa.

Los comercios aledaños a los parques, que pagan alquileres de mercado y tributan en forma completa, pueden enfrentar una competencia directa desde el interior de los espacios verdes, que operan bajo una estructura de costos subsidiada por el Estado a través del canon. Como aspecto positivo, se señala que el flujo de visitantes atraídos por un parque renovado y con servicios podría generar consumo en los locales gastronómicos de la periferia.

La iniciativa se inscribe en una tendencia más amplia del Gobierno porteño hacia la concesión de espacios públicos a operadores privados, que también incluye la licitación para construir estacionamientos subterráneos bajo cinco plazas de la Ciudad. En ambos casos, el debate es el mismo: qué usos del espacio público son legítimos, quién se beneficia de su explotación comercial y qué queda para las vecinas y vecinos que no pueden pagar para acceder a él.

Pedido de informes en la Legislatura porteña

La oposición reclamó detalles al Ejecutivo sobre el llamado a licitación que habilita la instalación y explotación comercial de estructuras en 16 espacios verdes. Piden precisiones sobre impacto ambiental, cánones, controles y posible privatización funcional del uso público.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires analiza un pedido de informes presentado por la legisladora Bárbara Rossen y otros diputados de la oposición, en relación al Concurso Público convocado mediante la Disposición N.º 145/DGCOYP/26, que habilita la instalación y explotación de “núcleos de servicios” en espacios verdes porteños.

Según el pliego oficial del concurso, los espacios incluidos y sus cánones mensuales base son los siguientes:

Parque La Isla de la Paternal: $1.120.000

Parque Los Andes: $1.520.000

Parque de las Américas: $2.240.000

Plaza Armenia: $2.380.000

Plaza Club Alemán de Equitación: $2.110.000

Plaza Florencio Sánchez: $2.240.000

Parque Ernesto Jaimovich: $2.380.000

Velódromo de la Ciudad: $2.240.000

Plaza Sicilia: $2.380.000

Parque Thays: $2.110.000

Parque Mujeres Argentinas: $2.640.000

Parque Micaela Bastidas: $2.510.000

Parque Chacabuco: $1.120.000

Parque Indoamericano: $590.000

Parque España: $860.000

Parque de los Patricios: $1.250.000

El pedido de informes exige al Poder Ejecutivo que detalle si se realizaron estudios de impacto ambiental acumulativo sobre el conjunto de los proyectos, así como información sobre la afectación de superficie absorbente en cada espacio verde intervenido.

También solicita precisiones sobre los mecanismos de participación ciudadana, el rol de las juntas comunales y la eventual intervención de organizaciones vecinales en el control y seguimiento de las concesiones.

Otro eje central del planteo es el sistema de control y auditoría durante la obra y la explotación comercial, incluyendo la gestión de residuos, eficiencia energética, uso de energías renovables, preservación del arbolado y mitigación del impacto sonoro y lumínico.

Los legisladores advierten además sobre el riesgo de una eventual “ocupación indebida” o expansión de áreas comerciales dentro de los parques, mediante la instalación de mesas, cerramientos o sectores de uso exclusivo, lo que podría afectar el carácter público de los espacios verdes.

El proyecto también cuestiona la metodología utilizada para fijar los cánones base, al considerar que algunos valores resultan bajos en comparación con precios de mercado, y solicita copia de las tasaciones del Banco Ciudad junto con los informes técnicos y urbanísticos que las respaldan.

Asimismo, pide conocer los mecanismos previstos para controlar la amortización de las inversiones privadas, los plazos de recuperación, la eventual existencia de pasivos contingentes para la Ciudad y la realización de auditorías contables, financieras y patrimoniales periódicas.

En los fundamentos, los autores del pedido sostienen que los espacios verdes cumplen funciones ambientales, sociales y urbanas esenciales, y remarcan la necesidad de evitar procesos de privatización funcional o restricción del acceso libre y gratuito.

También plantean la importancia de evaluar alternativas de gestión pública, comunitaria o cooperativa para la prestación de servicios en parques y plazas, y de garantizar transparencia, control estatal y participación ciudadana en toda intervención sobre el espacio público porteño.