La Comuna 15 tiene dos barrios populares con realidades diversas, mientras el Barrio Fraga de Chacarita experimenta una renovación a partir de las obras realizadas y la construcción de viviendas, La Carbonilla en La Paternal, mantiene la mayoría de las deficiencias estructurales que afectan la calidad de vida de su población. En ese sentido, el martes 2 de junio, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados presentaron ante la Legislatura porteña, en el Salón Perón, un proyecto para insistir con la integración socio-urbana del barrio.

El acto contó con la presencia y el apoyo de los diputados de Fuerza por Buenos Aires Berenice Iañez, Victoria Freire, Delfina Velázquez, Juan Pablo O’Dezaille, Bárbara Rossen y Alejandro “Pitu” Salvatierra; los juntistas de la Comunal 15 Leonardo Lucchese y Nancy Bolaño; Ramiro Dos Santos, titular de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa; y vecinas y vecinos residentes en La Carbonilla.

Todo quedó formalizado en el Expediente 1771-2026, que fue girado a la Comisión de Vivienda. El mismo solicita al cuerpo legislativo la reurbanización de este barrio popular, que contempla la integración social y urbana, incluyendo la regularización dominial, la consolidación de servicios públicos. Esta figura es la que se aplicó en los barrios Mujica, Fraga, Padre Rodolfo Ricciardelli, Rodrigo Bueno y Villa 20 en la Ciudad de Buenos Aires, y contempló las obras de infraestructura necesarias para la llegada de servicios de luz y agua, entre otros.

El pedido, argumentan las y los firmantes, está basado en los “principios de igualdad, de democracia participativa, de no discriminación, de integración urbana y del derecho a la Ciudad, mediante la implementación de medidas que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes del barrio con el fin de lograr una inclusión socio-urbana plena y permanente, considerando lo establecido por la Ley Nacional N° 27.694”.

La medida debería aplicarse, según el proyecto, en el polígono comprendido por el eje de Trelles, desde su cruce con las vías del Ferrocarril San Martín en Av. Warnes hasta la calle Añasco, su prolongación virtual hasta la intersección con la calle Espinosa, prolongando la delimitación de forma lineal hasta el Puente de la avenida San Martín y Arregui, reconstruyendo el punto de deslinde con el área activa de operaciones del Ferrocarril, y continuando el deslinde con el área de operaciones ferroviarias, hasta la intersección del eje de la avenida Trelles.

Para organizar las políticas en esta dirección, la propuesta incluye la confección de un “Plan Integral de Reurbanización del Barrio La Carbonilla”, el cual debería estar instrumentalizado por una Mesa de Gestión Participativa que garantice la participación vecinal en todas las etapas.

En materia habitacional, la ley prevé la realización de un riguroso diagnóstico físico y social que identifique las necesidades de los comercios, espacios comunitarios y viviendas. Se establece el derecho a una solución habitacional definitiva para todos los hogares asentados de forma anterior a la promulgación de la ley, definiendo el concepto de vivienda adecuada bajo requisitos técnicos estrictos, como contar con un núcleo húmedo y acceso independiente. Asimismo, la planificación contempla proyecciones de crecimiento demográfico a cinco años, reserva un veinte por ciento de las unidades para garantizar la accesibilidad universal y dispone la afectación de inmuebles públicos y privados dentro de un radio de un kilómetro para su readecuación. Las relocalizaciones que resulten indispensables se realizarán exclusivamente dentro del propio barrio, prohibiendo de forma taxativa los desalojos forzosos.

El proceso de regularización dominial requerirá de una articulación directa con el Gobierno nacional. El esquema legal prevé que las escrituraciones se realicen únicamente cuando las conexiones a los servicios públicos estén en pleno funcionamiento, resguardando la inembargabilidad de las propiedades y su inscripción automática como Bien de Familia. Para el financiamiento de las adecuaciones edilicias y de las nuevas construcciones, se estipula la implementación de créditos a tasa cero con cuotas proporcionales a los ingresos familiares, excluyendo explícitamente cualquier posibilidad de ejecución hipotecaria por falta de pago. En el plano de la identidad del barrio, se protegerán y recalificarán los inmuebles con valor histórico o simbólico.

La infraestructura y los servicios básicos son otra de las prioridades del texto normativo, exigiendo mejoras sustanciales en las redes de agua, energía eléctrica, desagües, gas natural, alumbrado público y telecomunicaciones. El financiamiento de los trabajos surgirá de partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Gobierno de la Ciudad, y todas las obras deberán contar obligatoriamente con una evaluación y certificación de aptitud ambiental. En un radio de quinientos metros se proyecta además la construcción de un jardín maternal —una de las demandas más sensibles de la Comuna 15 debido a la falta histórica de vacantes—, una sala de atención primaria de la salud, un centro verde, y diversos espacios deportivos y culturales, articulando las mejoras con el entorno ferroviario circundante.

Desde la perspectiva del planeamiento urbano, el polígono quedará catalogado como un Distrito de Urbanización Especial. Esto habilitará la apertura de vías públicas preexistentes y la prolongación virtual de calles y pasajes para disolver las barreras físicas y simbólicas con el resto de la trama de la Ciudad, facilitando además el acceso de los servicios de emergencia. Para agilizar la regularización de los planos edilicios en el Distrito U-31, la Subsecretaría de Registros gestionará la mensura y subdivisión de las manzanas, permitiendo el registro de propiedades existentes incluso si sobrepasan la Línea Oficial, y eximiendo a las adecuaciones habitacionales de la presentación previa de planos de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) cuando se encuadren en el régimen de Propiedad Horizontal.

Por otra parte, la ley detalla mecanismos administrativos para la desafectación de inmuebles que pertenecen al Estado Nacional y que se encuentran subutilizados o sin destino útil. De este modo, se incorporan procedimientos vinculados a tierras administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en distintas jurisdicciones del país —como La Paternal, Morón, San Martín, Salta y Santa Fe— que dependían de los ministerios de Defensa y del Interior y Transporte, disponiendo su transferencia a la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat en un plazo de notificación de cinco días hábiles para su debida inscripción registral.

Esta mesa debería estar conformada por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (dependiente del GCBA), la Junta Vecinal del Barrio La Carbonilla (integrada por la Comisión Directiva y Delegados de los tres sectores que lo componen, que se encargan de ejercer la representación y vocería del conjunto de los vecinos precisamente ante el IVC), representantes de la Junta Comunal 15, integrantes de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, integrantes del Consejo Consultivo Comunal 15, un representante del Ministerio Público de la Defensa, un representante de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, un representante del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad y vecinos beneficiados.

La Mesa tendría una serie de incumbencias de fuerte intervención y deliberación en el Plan. Según el proyecto, le correspondería definir las acciones y criterios para el desarrollo del Plan, para sus etapas de diagnóstico, diseño, elaboración, ejecución, control, monitoreo y evaluación, proponer modificaciones sobre las políticas y procesos propuestos o desarrollados por la autoridad de aplicación, y llegar a consensos, fomentar y acompañar la participación activa de los habitantes del barrio, y solicitar asesoramiento a asociaciones profesionales, instituciones académicas y equipos técnicos, entre otros.

“Volvemos a solicitar que no seamos ignorados y se haga una profunda revisión respecto a esta transformación, como parte de los temas a tratar en una mesa de trabajo participativa que incluya la visión de quienes habitamos el barrio y nuestras condiciones de vida”, destaca el texto, que está acompañado de miles de firmas de vecinos/as y referentes barriales. “Nuestra propuesta aparece como una reivindicación fuerte entre todos los habitantes del barrio y como una oportunidad para que el Gobierno de la Ciudad emprenda intervenciones urbanas complementarias en esta área de La Paternal, núcleo central de la Comuna 15”, destacan.

Este proyecto fue presentado y debatido en distintas reuniones con vecinas y vecinos de La Paternal; organizaciones sociales, culturales y políticas; y el Consejo Consultivo de la Comuna 15, durante el año pasado. Finalmente, quedó formalizado, aunque le espera un complejo camino para tener el aval legislativo. La gestión de Jorge Macri ha encarado una política muy distinta a la de Horacio Rodríguez Larreta, y hasta ha cuestionado la decisión de fortalecer el IVC y la política de viviendas en los barrios populares.

Por su parte la legisladora Berenice Iañez expresó durante el acto que “Cómo nos enseñó el Papa Francisco la falta de vivienda no tiene justificación alguna, ya que un hogar es mucho más que un techo; es el espacio esencial para el desarrollo de la familia y la construcción de la sociedad. Felicitaciones compañeros y compañeras por esta gran iniciativa!”.

En tanto el legislador con mandato cumplido Juan Pablo Odezaille dijo “La urbanización de La Carbonilla es un derecho y una deuda que vamos a seguir acompañando junto a quienes mejor conocen el territorio: sus vecinas y vecinos, integrantes de la junta vecinal. Durante mi mandato en la Legislatura, asumí el compromiso de acompañar y dar voz a un proyecto nacido de la organización comunitaria y el amor por el barrio. Agradezco a mi bloque el apoyo constante a esta iniciativa, como así también a los diputados de otras fuerzas que entienden que la urbanización de los barrios populares es un derecho y una obligación del Estado de la Ciudad”.

Este barrio surgió en 2001, en el punto más álgido de la crisis socioeconómica argentina. Con una población estimada hoy de entre cuatro mil y cinco mil habitantes, La Carbonilla ha consolidado una fuerte organización comunitaria y un trazado urbano basado en la autoconstrucción, respetando los ejes de calles y disponiendo de espacios como comedores, sedes religiosas, plazas y playones deportivos. Pese a este desarrollo, la comunidad convive diariamente con deficiencias graves, tales como cortes recurrentes de energía, desbordes cloacales, inundaciones y escasez de agua potable. Por este motivo, la propuesta legislativa es entendida por sus impulsores no como un mero conjunto de obras físicas, sino como un proceso social indispensable para saldar una deuda histórica de inclusión y asegurar condiciones de vida dignas para todo el vecindario.