El proyecto contempla la regularización de los terrenos con amenaza de desalojo y la creación de una Mesa Vecinal. La iniciativa propone vender inmuebles a sus ocupantes con créditos blandos y sumar lotes ociosos al espacio verde, con participación vecinal en la planificación.

Se realizó un encuentro vecinal ante las amenazas de desalojo de las viviendas linderas a la Plaza Malaver que se encuentran abandonadas y ocupadas hace años por vecinas y vecinos, muchos de ellos con décadas de presencia en el barrio. Luego de reunión, se presentó un proyecto de ley que busca propiciar la Integración Socio-Urbana de estos terrenos y la conformación de una Mesa Vecinal para intervenir en el tema.

La iniciativa se presentó el lunes 18 de mayo y quedó formalizada bajo el Expediente 1532-P-2026 en la Legislatura porteña. Impulsada por la organización El Galpón de Ortúzar, que viene sosteniendo reclamos en este sentido, y la adhesión del comunero Leonardo Lucchese y los legisladores Delfina Velázquez y Juan Modarelli del bloque Fuerza por Buenos Aires.

Esa integración socio-urbana a la que hace referencia el proyecto plantea varias instancias, con la meta final de garantizar la regularización dominial en favor de las familias que habitan las parcelas existentes del polígono delimitado por las calles Estomba, Montenegro, Heredia y Girardot, dentro de la cual se ubica la Plaza Malaver.

Para conseguirlo, propone la declaración de “innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y entonces la autorización para la “disposición” a los inmuebles situados dentro de esta parcela. La propuesta plantea la intención es que los habitantes actuales queden en condiciones de poder comprarle los terrenos al Gobierno porteño, lo que frenaría cualquier posibilidad de desalojo.

Para ello, prevé el proyecto la tasación del inmueble a cargo del Banco Ciudad “con un criterio social, priorizando el acceso a la vivienda digna y definitiva”. Además de los actuales moradores, la compra quedaría solo habilitada a “quienes puedan demostrar fehacientemente la residencia en el inmueble desde antes del 31 de diciembre de 2023 y que actualmente habiten ese inmueble”. Recién si hubiera negativa por parte de estos a comprarlos, perdería efecto la “disposición”, y el Gobierno de la Ciudad ganaría permisos distintos para el futuro de esos terrenos.

Con el fin de facilitar la adquisición de los inmuebles, el proyecto propone la creación del Programa de Crédito para la Recuperación de la Malaver (ProCreReMa), al que podrían acceder los habitantes autorizados a comprar. El ProCreReMa podría ser solo utilizado para este fin, y consistiría en “un máximo de cuatrocientas veinte (420) cuotas mensuales fijas en pesos, o hasta el máximo legal que en un futuro se contemple, y el valor de la tasa anual efectiva a aplicar es determinada por el Poder Ejecutivo, no pudiendo superar el veinte por ciento (20%) de la Tasa BADLAR o aquella que en el futuro la reemplace”.

Por otro lado, el proyecto de ley también fija modificaciones para la Plaza Malaver. Para eso, se determina la incorporación de lotes ociosos que permitirían agrandar al espacio verde. Además, se fija la creación de una “Mesa de Gestión y Participación Vecinal (MGPV) para la planificación, cuidado y mantenimiento de la Plaza Malaver”, integrada por organizaciones de la sociedad civil que formen parte de la vida cotidiana de la Plaza, el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 15, la Junta Comunal de la Comuna 15, representantes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y vecinos/as domiciliados en Villa Ortúzar.

En los considerandos, los firmantes destacan que las parcelas en cuestión ya existían antes de la creación de la plaza, en 1939, y que nunca se incorporaron formalmente a ese espacio verde, por lo que los inmuebles permanecieron allí. “Desde la mirada social, las familias que habitan los inmuebles sobre los que trabaja este proyecto, son familias que viven hace más de veinte años allí (en algunos casos más de setenta), trabajadores y trabajadoras, conocidos por todos los vecinos y las vecinas. Estas familias han pagado oportunamente los canon correspondiente para habitar los inmuebles, hasta que la gestión del Gobierno de la Ciudad decidió no cobrarlos más. El acceso a la vivienda es un derecho consagrado en el Artículo 31 de la Constitución de nuestra Ciudad y es obligación del Estado garantizarlo”, dice el texto a debatir.

La propuesta, elaborada con participación de vecinas y vecinos del barrio y acompañada por más de 250 adhesiones, según sus hacedores busca dar una solución integral a esa doble problemática: por un lado, garantizar el derecho a la vivienda de quienes habitan allí; y por otro, avanzar en la consolidación del espacio público en torno a la plaza.

El proyecto deberá reunir el apoyo de las fuerzas opositoras de la Legislatura, y será clave la UCR y el espacio que responde a Horacio Rodríguez Larreta, ya que junto a Fuerza por Buenos Aires y la izquierda, podrían alcanzar la mayoría.