El Gobierno de la Ciudad volvió a poner bajo la lupa al barrio La Carbonilla, en La Paternal, la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri comenzó a limitar el ingreso de materiales de construcción, una medida que el Ejecutivo porteño, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), presenta como parte de su estrategia para evitar nuevas construcciones y ordenar el crecimiento de los barrios populares.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 472/IVC/26, fechada el 10 de agosto y publicada el martes 11 de agosto en el Boletín Oficial porteño. La decisión se inscribe en una política más amplia que la administración porteña viene desplegando en villas y asentamientos, con controles de accesos, operativos policiales, fiscalizaciones y acciones destinadas a intervenir sobre construcciones y actividades consideradas irregulares. En mayo pasado el Gobierno de la Ciudad realizó un megaoperativo simultáneo, al que denominaron “Tormenta negra”, en 15 barrios populares, entre ellos La Carbonilla, con más de 1.500 efectivos.
La resolución surgió a partir de un planteo realizado por la Junta Comunal 15, luego de distintas situaciones registradas en el entorno de La Carbonilla. El documento señala que entre febrero de 2025 y agosto de 2026 se llevaron adelante al menos 13 instancias de reuniones y abordaje territorial con vecinos de La Paternal.
En esos encuentros se registraron más de 25 planteos vinculados con diferentes situaciones del barrio y su entorno. Entre los temas mencionados aparecen específicamente el ingreso y acopio de materiales destinados a la construcción y el crecimiento de edificaciones en distintos sectores del asentamiento.
En los fundamentos de la resolución, el IVC sostiene que en distintos barrios populares de la Ciudad se produjo una aceleración de la densificación vertical informal como consecuencia del agotamiento del suelo disponible.
Según el informe citado por el organismo, en algunos sectores la ocupación del suelo se acerca al 100%. Ante la falta de espacio en superficie, la expansión de las viviendas se produce mediante la construcción de nuevos pisos sobre estructuras existentes.

La restricción establecida por el IVC no alcanza a todos los materiales de construcción. La resolución contempla distintas excepciones vinculadas con obras autorizadas y situaciones que requieren atención inmediata.
Quedan exceptuados:
• Los materiales destinados a obras ejecutadas, contratadas o promovidas expresamente por el IVC.
• Los materiales destinados a intervenciones autorizadas por los organismos competentes.
• Los elementos necesarios para atender emergencias y cuestiones de seguridad o salubridad.
• Los materiales requeridos para mantenimiento indispensable y reparaciones urgentes.
• Los insumos destinados a la prestación o mantenimiento de servicios esenciales.

El punto de discusión es qué hay detrás del concepto de "ordenamiento". Para la gestión de Macri, se trata de impedir que continúe un proceso de expansión edilicia sin controles. Para organizaciones sociales y sectores de la oposición, el riesgo es que el control termine reemplazando a una política integral de urbanización.
La administración de Jorge Macri sostiene que el Estado debe impedir que continúe la expansión de construcciones que no cumplen con las normas urbanísticas y de seguridad vigentes.

La Carbonilla aparece dentro de una política que busca impedir que el crecimiento físico de los asentamientos por fuera de los mecanismos formales de autorización. El problema es que en estos territorios la frontera entre una obra "irregular" y una mejora básica de la vivienda es más difusa que en otros sectores de la Ciudad.

La Carbonilla se encuentra en terrenos ferroviarios próximos a las vías del ferrocarril San Martín y tiene una larga historia de crecimiento asociado a la emergencia habitacional. Estudios académicos ubican la formación del asentamiento hacia fines de la década de 1990 y describen un proceso de consolidación progresiva del barrio.
En junio pasado, habitantes del barrio volvieron a impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de reurbanización integral. La iniciativa contempla obras de infraestructura, acceso a servicios públicos, regularización de la tenencia de la tierra, mejoramiento habitacional y mecanismos de participación vecinal.
Según esta propuesta, en La Carbonilla viven alrededor de 4.000 personas y persisten problemas vinculados con cortes de energía, dificultades en el acceso al agua, desbordes cloacales, inundaciones, calles sin pavimentar y situaciones de hacinamiento.
El proyecto presentado este año en la Legislatura propone la creación de un Plan Integral de Reurbanización y una Mesa de Gestión Participativa, con intervención de organismos de la Ciudad, legisladores y representantes vecinales. También contempla la regularización de las parcelas y soluciones habitacionales definitivas para las familias residentes.
La existencia de este proyecto muestra que el problema excede ampliamente el ingreso de materiales. Sin infraestructura, títulos de propiedad, servicios regularizados y asistencia técnica, exigir que las construcciones cumplan exactamente las mismas condiciones que una obra en un barrio formal puede terminar convirtiéndose en un círculo difícil de romper: no se puede construir porque el barrio no está urbanizado y el barrio no termina de urbanizarse porque las obras permanecen fuera de la planificación estatal.
La propia historia de ese barrio demuestra que el problema habitacional no desaparece mediante controles logísticos. Cuando existe una demanda de vivienda que no encuentra respuesta en el mercado formal, la construcción informal puede cambiar de modalidad, encarecerse o volverse más riesgosa, pero difícilmente desaparezca sólo por impedir el ingreso de cemento, ladrillos o arena.
Una persona que vive en un departamento formal puede tramitar un permiso de obra, contar con escritura, planos y servicios habilitados. En un asentamiento como La Carbonilla parte de esas condiciones no existen.
La restricción en La Carbonilla forma parte de una política más amplia de la administración Macri hacia villas y asentamientos, que combina seguridad, recuperación del espacio público, controles de actividades comerciales y restricciones sobre nuevas construcciones. El Gobierno porteño sostiene que estas medidas buscan recuperar el control territorial y garantizar que las mismas normas rijan en toda la Ciudad.

En La Carbonilla, como en otros barrios populares, la discusión de fondo sigue siendo habitacional: cómo transformar un asentamiento consolidado en un barrio integrado a la Ciudad.