La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión de los desalojos administrativos de viviendas que el Gobierno porteño ejecuta bajo argumentos vinculados a riesgos edilicios, problemas de salubridad o supuestos peligros de derrumbe. La resolución, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, representa un freno a una práctica que en los últimos meses había generado fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, defensores públicos y vecinas y vecinos afectados.

La medida cautelar fue adoptada tras una presentación impulsada por los legisladores porteños de Fuerza por Buenos Aires Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra junto con familias desalojadas y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI). El planteo judicial cuestionó la forma en que se venían realizando las evacuaciones y clausuras de inmuebles destinados a vivienda, señalando que numerosas familias quedaban sin alternativas concretas de alojamiento luego de los operativos.

En su resolución, el tribunal ordenó que el Ejecutivo porteño se abstenga de ejecutar clausuras, tapiados, desocupaciones, restricciones de acceso o impedimentos de reingreso a inmuebles habitados cuando esas medidas se fundamenten en cuestiones constructivas o de seguridad, sin cumplir previamente determinadas garantías. Además, estableció que, si una intervención oficial impide que los ocupantes permanezcan en sus hogares, el Gobierno porteño deberá ofrecer una respuesta habitacional inmediata, transitoria y adecuada a las características de cada grupo familiar.

El fallo se produce en medio de una creciente controversia por la política habitacional de la Ciudad. Un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño y la Defensoría del Pueblo advirtió recientemente sobre el aumento de los desalojos administrativos entre 2024 y 2026 y alertó por la falta de dispositivos suficientes para asistir a las personas afectadas. Según ese relevamiento, miles de personas fueron desplazadas de inmuebles durante ese período, incluidos numerosos niños y adolescentes, mientras se incrementó el uso de procedimientos administrativos vinculados a clausuras por riesgo estructural.

Según la presentación, durante 2026 el 56% de los desalojos se concretaron bajo esta modalidad, sin que existieran previamente alternativas habitacionales adecuadas para las familias.

La discusión cobró mayor visibilidad a partir de distintos episodios registrados en la Ciudad durante los últimos meses. Casos ocurridos en barrios como Villa General Mitre, La Boca, Parque Patricios y Villa Ortúzar pusieron en evidencia la tensión entre la necesidad de prevenir accidentes en edificios deteriorados y el reclamo de vecinas y vecinos que denuncian haber quedado en situación de vulnerabilidad tras las evacuaciones. En varios de esos conflictos, las familias cuestionaron los diagnósticos oficiales o reclamaron alternativas habitacionales más estables.

La legisladora Victoria Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, destacó la importancia de la resolución judicial. “Es fundamental que la Justicia ponga un límite a la prepotencia de Jorge Macri, que viene utilizando herramientas administrativas para avanzar con desalojos y dejar a cientos de familias en la calle”, sostuvo.

Además, remarcó que una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas, y denunció un vaciamiento de las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda.

Por su parte, Alejandro “Pitu” Salvatierra, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, consideró que el fallo “pone cordura” frente al avance de este tipo de procedimientos.

El legislador aclaró que no cuestionan la restitución de inmuebles a sus propietarios, pero advirtió que no puede hacerse vulnerando la normativa vigente. “Lo que marca este fallo es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la Justicia debe intervenir en cada proceso, porque detrás de esos inmuebles hay familias que necesitan garantías y protección”, afirmó.

Desde el Gobierno porteño sostienen que las intervenciones vinculadas a riesgos edilicios buscan preservar la integridad física de los ocupantes y evitar tragedias derivadas de derrumbes o fallas estructurales. De acuerdo con los protocolos oficiales, la Guardia de Auxilio puede ordenar apuntalamientos, evacuaciones o incluso demoliciones cuando los especialistas detectan peligro para moradores o terceros.

La resolución judicial no elimina esas facultades preventivas, pero introduce nuevas condiciones para su aplicación y coloca en el centro del debate la obligación estatal de garantizar el derecho a la vivienda de quienes resultan afectados por este tipo de procedimientos. El juzgado también convocó a una audiencia con todas las partes involucradas para continuar analizando el caso y definir los pasos a seguir mientras se sustancia el amparo.

La decisión abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y podría tener impacto sobre futuros operativos de evacuación vinculados a inmuebles considerados inseguros por las autoridades.

La resolución reabre la discusión sobre el acceso a la vivienda y el rol del Estado en contextos de emergencia habitacional. Organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que los desalojos administrativos se han convertido en una práctica cada vez más frecuente en la Ciudad, en un escenario marcado por el aumento de la pobreza y la precarización habitacional. Con este fallo, la Justicia fija un límite a esos procedimientos y refuerza la necesidad de garantizar derechos básicos antes de cualquier intervención.