Legisladores de Fuerza por Buenos Aires presentaron un proyecto de ley que busca restablecer el funcionamiento pleno y la estructura orgánico funcional de las 15 Comunas, luego de que el Gobierno de la Ciudad aplicara una reorganización interna dentro de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano a través del Decreto N° 114/25. Según los impulsores de la medida, la norma firmada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, desarticula atribuciones que la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas asignan de manera exclusiva a las Juntas Comunales y a los espacios de participación vecinal.
La iniciativa, encabezada por la legisladora Delfina Velázquez (ex integrante de la Junta Comunal 11) propone dejar sin efecto de manera parcial los artículos 3° y 7° del cuestionado decreto. Asimismo, establece un plazo perentorio de 60 días para que el Poder Ejecutivo adecúe todos los actos administrativos y designaciones dictados bajo el nuevo esquema a la legalidad previa, bajo apercibimiento de que aquellos actos que no se encuadren en la norma sean declarados nulos de pleno derecho. En términos normativos, la propuesta retoma formalmente la estructura funcional contemplada en el Anexo I del anterior Decreto N° 387/2023.
Los cuestionamientos se hallan en la superposición de roles. En los fundamentos del proyecto se denuncia que la creación de la Dirección General de Gestión de Espacios Públicos para la Vinculación Comunitaria y la modificación de las responsabilidades de la Dirección General Competencias Comunales y Talleres configuran un intento de centralización de funciones por parte del Ejecutivo. Para Velázquez y sus pares, estas nuevas áreas asumen competencias que les corresponden por ley a las Juntas Comunales, debilitando el espíritu de la descentralización territorial.
En el plano de la participación vecinal, los legisladores advirtieron que iniciativas gubernamentales como el programa “Mi Comuna, Mi Barrio” generan un paulatino desplazamiento de los canales institucionales vigentes, especialmente de los Consejos Consultivos Comunales y las propias Juntas Comunales. De acuerdo con el análisis del bloque opositor, la realización de convocatorias externas por fuera de los órganos locales desalienta la participación ciudadana orgánica y reduce la gestión comunal a una simple instancia de desconcentración administrativa de trámites en las sedes comunales de cada barrio, desnaturalizando la democracia participativa.
En los fundamentos del proyecto impulsado por el Ejecutivo porteño, se señala que el mismo “propone terminar con estructuras que no generan resultados y avanzar hacia un Estado más eficiente, donde cada función tenga una responsabilidad concreta y cada peso del contribuyente esté justificado: Menos cargos sin contenido, más gestión real; menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños. En este sentido, asumimos con claridad el compromiso de impulsar las reformas de fondo que la política viene postergando, consolidándonos como el espacio más reformista de la actualidad, dispuesto a transformar en serio las estructuras del Estado en beneficio de los ciudadanos”.
Al fundamentar la propuesta, la legisladora Velázquez quien conformó la Junta Comunal 11 en dos períodos (2011-2019), sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede vaciar de contenido las atribuciones que una ley aprobada por la Legislatura ha asignado a las comunas. Frente a esta situación, la iniciativa apela al rol institucional del cuerpo legislativo para proteger el principio de legalidad, velar por la jerarquía normativa y garantizar el pleno ejercicio de la autonomía comunal en los 15 distritos de la capital.