El Gobierno de la Ciudad prevé la instalación y explotación de módulos destinados a brindar servicios complementarios en distintos espacios verdes. Entre ellos se encuentran el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita; y el Parque La Isla de La Paternal. Los privados deberán financiar las obras y pagarán un canon mensual al Gobierno porteño.

El Gobierno de la Ciudad avanzó con el concurso público para incorporar baños, cafeterías, kioscos y otros servicios complementarios como espacios para bicicletas, conectividad wi-fi e iluminación en 16 parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso llegó a la etapa de preadjudicación, por lo que todavía restan pasos administrativos antes de que los permisos queden formalmente otorgados.

La propuesta contempla la instalación de los denominados “núcleos de servicios”, estructuras que podrán incluir sanitarios públicos y espacios destinados a actividades comerciales compatibles con el uso de los parques. Los adjudicatarios deberán afrontar la inversión necesaria para construir o instalar los módulos y hacerse cargo de su mantenimiento.

La normativa establece límites para evitar una ocupación excesiva de los parques: los núcleos deben respetar distancias mínimas entre sí y existe un límite sobre la cantidad que puede instalarse dentro de cada espacio verde.

En la Comuna 15 será parte de este proyecto el Parque Los Andes, en Chacarita; y el Parque La Isla de La Paternal.

Para el Parque La Isla de La Paternal, la Comisión de Evaluación de Ofertas preadjudicó el permiso a MF Construcciones Electromecánicas SA, que ofreció pagar un canon mensual inicial de $1.200.000. La misma empresa quedó preadjudicada para Parque Los Andes, donde presentó una oferta por un canon mensual de $2.432.000.

En ambos casos, como en el resto de los espacios incluidos en el concurso, los futuros permisionarios deberán asumir la inversión necesaria para construir o instalar las estructuras, equiparlas, mantenerlas y ponerlas en funcionamiento. A cambio, podrán explotar comercialmente los servicios autorizados y deberán abonar mensualmente el canon correspondiente a la Ciudad.

Los módulos están pensados para sumar servicios que complementen el uso habitual de los espacios verdes. El marco establecido por el Gobierno porteño permite incorporar sanitarios públicos y actividades como cafeterías, kioscos o expendio de bebidas, espacios para bicicletas, conectividad wi-fi e iluminación, según las características y condiciones fijadas para cada espacio. La normativa establece que estos usos no deben modificar el carácter ni la función principal del espacio público. También se fijaron límites respecto de la cantidad de módulos y las distancias que deberán existir entre ellos.

En aquellos parques donde existan construcciones estatales en desuso, los interesados también pueden proponer su recuperación y adaptación para brindar estos servicios.

El esquema prevé permisos de uso precario y oneroso por un plazo inicial de cinco años, con posibilidad de una extensión excepcional por otros cinco cuando existan razones de interés público. Asimismo, el GCBA podrá imponer penalidades al permisionario ante incumplimientos de las obligaciones a su cargo.

El concurso fue lanzado oficialmente en mayo mediante la Disposición Nº 145/GCABA-DGCOYP/26.

La incorporación de espacios comerciales dentro de parques y plazas generó cuestionamientos desde sectores de la oposición porteña y provocó el rechazo inmediato de agrupaciones vecinales y de especialistas.

En mayo, legisladores presentaron un pedido de informes para solicitar detalles sobre el impacto ambiental de las instalaciones, los criterios utilizados para establecer los cánones, los mecanismos de control y el alcance de la explotación privada dentro de los espacios públicos.

Desde el Gobierno porteño, en cambio, sostienen que el esquema permitirá sumar infraestructura y servicios mediante inversión privada, sin que la Ciudad deba afrontar el costo de las instalaciones.

La preadjudicación no significa que los módulos vayan a instalarse de manera inmediata. Se trata de una etapa dentro del procedimiento administrativo y todavía deberán completarse las instancias previstas antes de formalizar los permisos. Una vez finalizado ese proceso, los concesionarios podrán avanzar con los proyectos bajo las condiciones establecidas en los pliegos y la normativa vigente.